A principios del siglo XX, Henry Ford, fundador de la multinacional norteamericana de automóviles tuvo una disputa con sus socios, los hermanos John y Horace Dodge. Ford pretendía que parte de las ganancias del Ford T -primer automóvil producido en serie- se reinvirtieran para mejorar la empresa e incrementar los salarios. En tanto, los hermanos Dodge defendían que el único propósito de su compañía era generar beneficios para sus accionistas. Después de años de litigios, la Corte Suprema de Justicia respaldó a los hermanos Dodge, imponiendo así el interés empresarial sobre el interés colectivo.
Hoy, en pleno siglo XXI, en la era del desarrollo sostenible y la urgencia medioambiental, el debate sobre el propósito e impacto de las empresas está más vigente que nunca. ¿Pueden las empresas desentenderse del entorno donde operan?
Cualquier operación empresarial tiene un impacto en la sociedad y en el medioambiente. Este impacto puede ser positivo: (generación de empleos de calidad, sostenibilidad ambiental, inclusión social, desarrollo comunitario) o negativo (contaminación, especulación, explotación infantil, evasión fiscal). ¿Deben los entornos legales tratar igual a todas las empresas, independientemente del impacto de su actividad?
Hacia una economía de ‘triple impacto’
Cada vez más empresas, Pymes y emprendedores en Iberoamérica han comprendido que ninguna actividad empresarial puede ser exitosa en una sociedad fracasada, porque las empresas son parte indivisible de la sociedad, las comunidades y los países donde operan. No se trata solo de que una empresa sea socialmente responsable, que es lo mínimamente deseable. Se trata también de que ayude a mejorar su entorno.
En los últimos años ha crecido exponencialmente el número de empresas que buscan generar un triple impacto: económico, social y ambiental. Hablamos de las empresas B, de triple impacto, empresas con propósito, con actividades tan diversas como banca ética, moda sostenible, comercio justo, economía circular, regeneración de ecosistemas, entre otras. Empresas que han entendido que su misión va más allá de engordar una cuenta de resultados y que pueden ser un motor del desarrollo sostenible, sin renunciar por ello a la rentabilidad empresarial.
¿Por qué las leyes importan?
A pesar del auge de estas empresas con propósito, se requiere de un marco legal y regulatorio que acompañe su creación, desarrollo y crecimiento, para impulsar un verdadero ecosistema empresarial que permita que este tipo de empresas nazcan, se desarrollen y puedan cruzar fronteras.
A nivel global, Iberoamérica ha estado a la vanguardia en el establecimiento de estos marcos regulatorios favorables a las empresas de triple impacto, a través de la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (Ley BIC) que ya ha sido aprobada en Colombia, Ecuador, Perú y recientemente Uruguay, mientras en otros 4 países de la región (Argentina, Chile, Panamá y Brasil) se encuentra en debate en los parlamentos.
Se trata de instrumentos jurídicos especialmente diseñados para aquellas empresas que incorporan en sus estatutos un propósito social y ambiental, y que en algunos casos han ido acompañados de beneficios fiscales, acceso preferente a financiamiento e incentivos en la contratación pública.
Quizás una de las cosas más interesantes de estos procesos de deliberación nacional es que, en todos los proyectos de ley presentados y en todas las leyes aprobadas, hemos visto consenso político, un activo muy difícil de encontrar por estos días en un mundo tan polarizado.
Desde la Secretaría General Iberoamericana, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC), somos conscientes de la importancia que tiene el impulso de la política pública en la promoción de estas empresas.
Por ello hemos desarrollado un ambicioso proyecto de investigación para fortalecer, mediante la evidencia empírica, los ecosistemas de triple impacto a través de una serie de recomendaciones de política pública para que los gobiernos de la región puedan propiciar el desarrollo de este tipo de negocios.
Nuestros países se encuentran en una posición ventajosa para incluir y apoyar a estas empresas dentro de un nuevo pacto social que permita adaptar nuestras economías a las nuevas exigencias de consumidores, inversores y de la ciudadanía en general. Una adaptación que, además, es una muy buena idea desde el punto de vista económico, tal como lo demuestra un reciente estudio del Foro Económico Mundial realizado sobre 4.000 empresas a nivel global, el cual determinó que aquellas empresas más comprometidas con el impacto social y ambiental tienen una rentabilidad un 21% superior.
Estamos convencidos de que la salida de la crisis provocada por la pandemia debe ir de la mano de empresas más resilientes, inclusivas y comprometidas, para lo cual será fundamental contar con el aval e impulso regulatorio.
Solo así lograremos cambiar el paradigma empresarial y transitar de la búsqueda de la mejor empresa DEL país a la mejor empresa PARA el país.
CONSULTA «Las empresas con propósito y la regulación del cuarto sector en Iberoamérica»
