América Latina lleva varias décadas cargando con el sambenito de ser la región más desigual del planeta. Es así, a pesar del buen desempeño económico que tuvo la región durante la primera década del siglo XXI y de los esfuerzos que muchos gobiernos emplearon en la lucha contra la pobreza y la exclusión, con políticas que lograron disminuir las cifras de pobreza e indigencia de forma ostensible.
El cambio de ciclo económico tras la crisis iniciada en 2008 y la disminución de los recursos públicos están poniendo en peligro algunos de los logros de la región en el que fue el número uno de los Objetivos del Milenio que se habían propuesto para 2015, la disminución de la pobreza. Eso muestra que muchas de las políticas actuaron más sobre las consecuencias que sobre las causas de la pobreza, enraizadas éstas en una inequidad estructural.
Algunas de las novedades distintivas de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2015 con el horizonte puesto en el año 2030 es que ya no es una agenda solo para los pobres de los países pobres. Es una agenda global (para todo el planeta), multidimensional (económica, social y ambiental) y que va más allá de la lucha contra la pobreza y plantea cambios radicales que combatan las estructuras que determinan la persistencia, y en algunos casos el incremento, de las brechas de desigualdad. Mientras la actual crisis impacta negativamente en los pobres, las grandes fortunas siguen creciendo en la región y según la CEPAL en 2014 el 10% de la población acumuló más del 70% de la riqueza.
Son muchos los estudios, incluso procedentes del Banco mundial y otras instituciones financieras, que señalan como la desigualdad es un lastre para la recuperación económica y frena un crecimiento sostenible. Pero los intentos de hacer reformas estructurales tropiezan con la resistencia de los beneficiarios de mantener el statu quo. En una columna de opinión conjunta de Alicia Bárcenas (Secretaria Ejecutiva de la CEPAL) y Winnie Byanyima (directora ejecutiva de OXFAM Internacional) previa al Foro Económico Mundial de Davos de 2016 se preguntaban cómo solucionar el problema de la desigualdad en América Latina.
Los intentos de hacer reformas estructurales tropiezan con la resistencia de los beneficiarios de mantener el statu quo
Para ellas y otros muchos expertos las respuestas contra la creciente desigualdad vienen de la mano de reformas tributarias más progresivas, lucha contra el fraude y la eliminación de los paraísos fiscales. Pero cada vez que se trata de hacer reformas fiscales de calado surge la fuerte oposición de sectores económicos muy poderosos nacionales e internacionales que se escudan en una supuesta pérdida de competitividad y la competencia desleal de otros estados para mantener privilegios que solo benefician a unos pocos. Para poder implementar una agenda contra la desigualdad efectiva es necesario generar un clamor social que lo exija basándose en datos concretos y con propuestas de medidas específicas.
Uno de los aspectos centrales para conducir ese tipo de reformas es que se incremente la transparencia en la gestión de la recaudación de los ingresos y los gastos fiscales. Solo haciendo bien visible a quien benefician las actuales estructuras impositivas regresivas y el uso que se hace de las exenciones se podrá ejercer una presión para reformas tributarias estructurales concretas, y no solo en abstracto. La trasparencia en el gasto es igualmente necesaria para combatir el uso clientelar del mismo, la corrupción y las connivencias entre las élites políticas y las financieras que impiden establecer las regulaciones necesarias para evitar abusos como los que condujeron al estallido de las últimas crisis y al endeudamiento de los países.
La Agenda 2030, al poner la desigualdad en el corazón de los ODS invita a los poderes y la sociedad civil de América Latina a poner en marcha, no solo una métrica capaz de visibilizar la desigualdad, sino a señalar las políticas y las reglas que impiden combatirla. El ODS 10 de reducir la desigualdad en y entre países y el objetivo 5 de reducir la desigualdad de género son dos mandatos que han de dar lugar a un conjunto de medidas precisas. Organismos internacionales y ONG como los ya mencionados y las Naciones Unidas a través del Grupo Inter-agencias de Expertos para los ODS (IAEG-ODS) están trabajando en la elaboración de indicadores que permitan evaluar la situación de partida en cada estado y territorio con el fin de establecer las prioridades específicas que permitan alcanzar los 17 objetivos, 169 metas y más de 200 indicadores.
La publicidad de los ODS será clave como instrumento político
La elaboración y publicidad de esos datos será, no solo un pasó técnico para la consecución de los ODS, sino también un instrumento político que permitirá establecer las prioridades políticas indagando en las causas de las brechas de la desigualdad en América Latina. Pero para su implementación se requieren instituciones fuertes y confiables y sometidas al escrutinio público. Las estructuras que perpetúan la desigualdad no cambiarán mientras no haya una ciudadanía que ejerza su agencia sobre las instituciones a través de procedimientos de rendición de cuentas locales y nacionales.
Por ello, tan importante como concretar las metas y los indicadores que midan, no solo los resultados, sino también las dinámicas que perpetúan o generan desigualdad, lo es establecer los instrumentos de participación y escrutinio público tanto en el ámbito nacional, como en el local, ambos con monitoreo internacional y garantizar el acceso universal a datos de calidad sobre la implementación de las políticas públicas.
