Tribuna

El reto permanente de la desigualdad en una región que sigue siendo desigual

Acorde al autor, se necesita de una reforma estructural que conlleve una nueva agenda para atacar a la desigualdad en la región. Foto: Pixabay.

¿Seguirá la desigualdad cayendo en América Latina en los próximos años? Dados los costes cada vez más reconocidos de las disparidades entre ricos y pobres, esta es, sin duda, una pregunta central para el futuro de la región. Para contestarla, conviene volver atrás más de una década y considerar el comportamiento del coeficiente de Gini (la medida más popular de distribución de la renta) a partir del 2003.

Entre 2003 y 2012, el coeficiente de Gini agregado pasó de 0,54 a 0,47, con una caída en todos los países latinoamericanos con al excepción de Costa Rica y Honduras. La mejora distributiva, que convirtió a América Latina en una referencia mundial, se debió a la confluencia de condiciones internacionales benignas y unas políticas socioeconómicas más acertadas. Por un lado, el aumento en el precio de las materias primas aceleró el crecimiento económico y contribuyó a la reducción del desempleo. La mejora en el mercado laboral benefició especialmente a los empleos menos cualificados que en décadas anteriores habían sufrido mucho. Así, entre 2000-03 y 2011-13, la tasa de desempleo de los trabajadores con educación primaria o menor pasó del 14% al 6% en Argentina, del 6% al 4% en Brazil y del 11% al 2% en Ecuador.

Por otro lado, diversos gobiernos—sobre todo de izquierdas—hicieron un esfuerzo por formalizar el empleo y expandir la política social tanto en nuevos programas (transferencias condicionadas y cuidados) como en programas con larga enjundia (salud, pensiones).

Lamentablemente incluso en esta década de éxito se evidenciaron algunas problemas significativos que cuestionaron la sostenibilidad de los cambios. En primer lugar, la (poca) evidencia disponible muestra que la concentración de la renta en pocas manos siguió siendo una de las grandes lacras del continente. De acuerdo con estudios recientes, el 1% más rico de la población controla alrededor del 30% del producto interno bruto en Chile, 26% en Brasil y 21% en México—niveles mucho mayores que los del muy desigual Estados Unidos. Ese poder económico se ve reflejado también en una enorme influencia política, tanto en las campañas electorales como en el tipo de políticas públicas que los gobiernos adoptan—influencia que que probablemente no ha disminuído en la última década.

Diversos gobiernos hicieron un esfuerzo por formalizar el empleo y expandir la política social, pero se evidenciaron problemas de sostenibilidad

Segundo, la política social se expandió en cobertura—incorporando al Estado a poblaciones pobres tradicionalmente excluídas—pero no lo hizo tanto ni en generosidad (particularmente en áreas como las pensiones o la salud) ni en la equidad (con enormes diferencias, por ejemplo, entre escuelas rurales y urbanas)—alejando a la región del universalismo que Juliana Martínez Franzoni y yo hemos defendido como necesario. En tercer lugar, la dependencia del modelo primario-exportador se profundizó: el peso de las exportaciones agrícolas y de materias primas en el total aumentó del 28% en 2001-02 al 42% en 2010, superando el 80% en países como Bolivia o Chile. La creciente reprimarización—que ha venido de la mano de un proceso de deindustrialización derivado, en parte, de la competencia china—aceleró la dependencia del ciclo internacional y creó obstáculos para el crecimiento sostenido de la productividad laboral y el empleo de calidad.

La gravedad de esos problemas se hizo evidente en el momento en que las condiciones internacionales empeoraron y los precios de las materias primas comenzaron a declinar. Así, entre 2010 y 2014, la desigualdad disminuyó mucho menos que en el quinquenio anterior en la mayor parte de América Latina y llegó a aumentar en países como México. Los obstáculos para seguir avanzando se hacen cada vez más evidentes: la creación de empleos no cualificados formales es muy complicada en un ambiente recesivo; la expansión del gasto social se ha visto frenada por el acento en las políticas de austeridad en países como Brasil, Ecuador y hasta Uruguay; y la coalición entre clase media y la población de menos ingresos se ha ido fragmentando a lo largo y ancho de la región.

¿Quiere decir todo eso que estamos condenados a un nuevo periodo de creciente inequidad? Sin duda, en los próximos años será complicado seguir reduciendo la brecha entre ricos y pobres en una mayoría de países; sin embargo, es todavía posible proteger los avances del pasado. Ello exige una agenda política más creativa y multidimensional que considere las múltiples interrelaciones entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Si bien la discusión exhaustiva de dicha agenda demanda otra columna, conviene aquí mencionar tres pilares centrales.

En los próximos años será complicado reducir la brecha entre ricos y pobres pero es todavía posible proteger los avances

En primer lugar, es necesario seguir reformando la prestación de salud, pensiones y educación, centrándonos ahora menos en la expansión de cobertura y más en cerrar las brechas de calidad en los servicios que reciben distintos grupos de población. Para ello sería conveniente, por ejemplo, reducir los subsidios a la salud privada y, simultáneamente, invertir más en hospitales públicos en zonas rurales. En segundo lugar, deberíamos relanzar la agenda del cambio estructural, buscando nuevas vías para mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Por último, debemos profundizar la agenda democrática, lo que exige combatir la corrupción, reformar las leyes electorales para reducir la influencia de los más ricos y fortalecer los sistemas de partidos.

 

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