Tribuna

Derechos indígenas, una prioridad de las políticas públicas en Iberoamérica

Sirviendo cocawi-Uriel Alexis Montúfar Butrón-Peru. Foto premiada en el concurso de fotografía Ibercocinas.

Los pueblos indígenas integran los colectivos más desfavorecidos como resultado de complejos procesos sociales e históricos que se iniciaron hace siglos y que fueron estableciendo prácticas discriminatorias y un despojo sistemático de sus recursos y territorios, con graves consecuencias para su bienestar.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente Iberoamérica es la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas entre las prioridades de las políticas públicas.

Los retos son enormes si se considera que estas comunidades se caracterizan por su amplia diversidad demográfica, social, territorial y política. Desde pueblos en aislamiento voluntario hasta su presencia en grandes asentamientos urbanos.

Tanto a nivel internacional como regional, en los países de América Latina ha habido un gran desarrollo jurídico en materia de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Actualmente, los derechos de los pueblos indígenas y tribales son parte de las principales agendas de nivel mundial sobre desarrollo sostenible, derechos humanos y la protección del medio ambiente.

Ejemplo de ellos son los compromisos globales asumidos en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por las Naciones Unidas en 2015.

“Uno de los mayores desafíos que enfrenta la región es la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas entre las prioridades de las políticas públicas”.

        Reconocimiento y realización

Pese a estos avances, existe una gran brecha entre los derechos reconocidos y su efectiva realización, por lo que persisten retos en este ámbito, que deben ser superados.

Aunque las causas de esta distancia entre norma y realidad son muchas, una de ellas tiene que ver con mejorar deficiencias institucionales y promover ajustes jurídicos internos que les permitan a los Estados estar adecuadamente preparados para cumplir con la nueva nómina de derechos individuales y colectivos de cumplimiento obligatorio.

Reconociendo esta realidad, el Plan de Acción de Iberoamericano para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptado en 2018 con el acompañamiento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe (FILAC), se propone objetivos concretos para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos.

Por primera vez existe un consenso regional identificando el problema y definiendo acciones concretas para superarlo, que incorpora las transformaciones institucionales y legales que permitan dar pasos firmes para el cumplimiento de los derechos.

Esto incluye, de manera prioritaria, los cambios relacionados con la participación y la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas.

Los argumentos expuestos en esta tribuna responden en exclusiva al punto de vista del autor, que es responsable de las opiniones manifestadas, y no reflejan en ningún caso la postura de la SEGIB

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