Un lugar en el mapa. En busca del derecho a la ciudad.

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Un lugar en el mapa

A quella mañana Luis Bonilla (San Salvador, 1986) descubrió que 90 minutos iban a convertirse para él en algo más que la duración reglamentaria de un partido de fútbol: el tiempo que le bastaba para emprender un viaje de ida y vuelta desde su casa a una realidad muy distinta a la que hasta entonces había conocido, la de los asentamientos informales.

Formado en un colegio jesuíta de la capital de El Salvador, con 18 años recién cumplidos y a punto de empezar sus estudios de Economía en la Universidad Centroamericana, nunca había imaginado que esa cercanía física pudiera significar también una lejanía tan grande en términos de experiencia. Sin embargo, ese día comprendió que, a veces, dentro de una ciudad existen otras muchas, algunas de ellas invisibles.

Hoy, doce años después de aquella primera incursión por los alrededores de San Salvador, Luis vive en Santiago de Chile donde desempeña el cargo de Director Operativo de la organización TECHO, Proyecto Adscrito de la Secretaría General Iberoamericana que tiene como fin principal hacer visibles a esas “otras” ciudades.

Conocidas según el país con nombres tan diversos como villas (Argentina), favelas (Brasil) o cerros (Venezuela), estos espacios tienen en común que carecen de servicios básicos -agua potable, luz eléctrica o alcantarillado- y que sus habitantes no poseen la tenencia legal de la tierra. Una realidad que vive uno de cada cuatro latinoamericanos, cerca de 104 millones de personas en toda la región, según datos de ONU Hábitat.

Una de cada cuatro personas de América Latina viven en un asentamiento informal

 

Creada en 1997, TECHO abarca 19 países de América Latina y el Caribe y cuenta con casi un millón de voluntarios. Al igual que le sucedió a Luis, quienes se acercan a la organización pronto descubren los distintos límites que separan a estos dos mundos, cuyos muros se levantan sobre una serie de ausencias físicas, jurídicas y sociales. Una falta de infraestructura, de ley y de reconocimiento que establece la frontera simbólica entre la ciudad y los asentimientos informales, entre ciudadanos y excluidos.

“Nuestro objetivo no es tanto integrar en este modelo de ciudad a los que quedaron fuera de ella como crear un espacio de encuentro que permita construir un nuevo modelo de sociedad no excluyente”, reflexiona Luis. Una filosofía que guía la acción de TECHO en el terreno, orientada a superar la probreza mediante la formación y la acción conjunta de quienes sobreviven en los asentamientos y los voluntarios.

El primer paso es identificar la existencia de esas zonas “invisibles” con el levantamiento de información pública que permanece oculta, a través de la elaboración de un catastro de asentamientos informales que los reconozca. Después, ya en la comunidad, se colabora con sus miembros para constituir una mesa de trabajo en la que se determinan cuáles son sus prioridades. La labor de los voluntarios se circunscribe a facilitar y acompañar este proceso, sin interferir en las decisiones de los habitantes.

Un apoyo que se canaliza mediante tres grandes ejes de actuación: la formación de líderes que representen y fomenten el desarrollo comunitario; la promoción de una conciencia y acción social que movilice a la sociedad; y la creación de incidencia política con mecanismos de participación que permitan influir en los espacios de toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas.

Tres son los objetivos: formar líderes, promover la conciencia social y crear mecanismos de participación

La sostenibilidad económica de TECHO depende de la financiación que aporta tanto el sector público como los agentes privados y la cooperación internacional, con un presupuesto anual que oscila en torno a los 20 millones de dólares. Según datos de la propia organización, desde su fundación, han fabricado 112 mil viviendas de emergencia y capacitado a alrededor de 1.500 líderes de las 634 comunidades en las que extiende su radio de actuación.

Esta fortaleza permitió que TECHO estuviese presente, junto a una delegación de líderes comunitarios, en la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas-Hábitat III, celebrada el pasado mes de octubre en Quito. Una cumbre que se convoca cada 20 años con el fin de establecer las líneas gruesas de cómo ha de ser el futuro de las ciudades, y que en esta edición congregó a 36 mil personas de 142 países de todo el mundo.

Enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Conferencia aprobó una Nueva Agenda Urbana en la que se incluye la existencia de los asentamientos informales, con el reconocimiento de un Derecho a la Ciudad. Un logro sin precedentes en el que América Latina jugó un papel fundamental.

“Aunque todavía falta dotarle de un significado concreto, esa disputa por el sentido nos abre la oportunidad de construir una nueva identidad latinoamericana que nos permita trascender fronteras simbólicas”, concluye Luis. Un reto cuyo resultado marcará qué tan visibles serán esas “otras” ciudades en las próximas dos décadas y si tendrán o no un lugar en el mapa.

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