Género

Día internacional de la Mujer: el reto de lograr la igualdad ante la ley

Uno de los grandes desafíos pendientes para lograr el reconocimiento de igualdad de derechos de hombres y mujeres sigue siendo la existencia de las leyes que discriminan a las mujeres. En Iberoamérica, a pesar de la casi desaparición de leyes abiertamente discriminatorias, aún persisten barreras formales que limitan o impiden el pleno desarrollo económico de las mujeres tanto en la legislación política como en la normativa que regula la vida familiar, social y laboral.

En 1979, la Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer hizo un claro llamado a los Estados a modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, así como a adoptar medidas que prohíban toda discriminación en su contra. Desde entonces no se ha dejado de insistir sobre la urgencia de hacer políticas legislativas basada en principios de igualdad de género para lograr el avance de las mujeres en todos los ámbitos. Pero la desigualdad persiste, al amparo de sistemas legales discriminatorios.

Según el  Banco Mundial, en 104 países existen leyes que impiden que las mujeres puedan trabajar en determinados empleos, como por ejemplo la minería; en 59 países las mujeres no están protegidas legalmente contra el acoso sexual en el lugar de trabajo y en 18 países los maridos tienen el derecho legal de impedir que sus esposas trabajen. Del total de 189 naciones analizadas, un 40 por ciento tiene al menos una restricción sobre los derechos de propiedad de las mujeres.

Iberoamérica no es una excepción. En promedio, en cada país de la región hay como mínimo dos leyes que diferencian a hombres y mujeres en cuanto a empleo y emprendimientos.

En algunos países, las leyes no prohíben la discriminación por sexo en la esfera de la contratación o no regulan la igualdad salarial. En otros, prohíben a las mujeres realizar los mismos trabajos que los hombres, por considerarlos peligrosos, moralmente inapropiados o trabajos pesados (trabajar en la minería o conducir autobuses públicos, por ejemplo) También hay leyes de familia y matrimonio marcan sistemáticamente a los hombres como «jefes de familia», otorgándoles el control de decisiones fundamentales, como la elección del lugar de vida o la administración de los bienes conjuntos.

Iberoamérica no es una excepción. En promedio, en cada país de la región hay como mínimo dos leyes que diferencian a hombres y mujeres en cuanto a empleo y emprendimientos.

Igualmente urgente, resulta revisar la ampliación de los marcos legales en favor de la compatibilidad de la vida familiar y laboral para mujeres y hombres, así como la adopción e implementación de normativas laborales que protejan y garanticen los derechos de las trabajadoras domésticas remuneradas.

Análisis de Legislación Discriminatoria en América Latina y el Caribe en Material de autonomía y Empoderamiento Económico de las MujeresEn este contexto, la Secretaría General Iberoamericana, junto con ONU Mujeres, ha publicado un ¨Análisis de Legislación Discriminatoria en América Latina y el Caribe en Material de autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres¨ para identificar los obstáculos legales al empoderamiento económico de las mujeres en nuestra región y contribuir a eliminarlos. Obstáculos particularmente duros de cruzar pues parecen invisibles, ocultos en complejos entramados normativos.

Para que las mujeres puedan tener igual representación en todas las esferas es necesario que tengan el mismo acceso a bienes y recursos, al trabajo remunerado así como crear derechos vinculados con el trabajo no remunerado.

Es imprescindible que cambien los sistemas legales, para que se reconozca el trabajo doméstico no remunerado, la igualdad de salarios y los derechos patrimoniales de la mujer. Es urgente crear sistemas legales que fomenten el acceso en igualdad de hombres y mujeres al crédito, el trabajo formal y la protección social. Sistemas que nos conduzcan hacia una verdadera conciliación entre el trabajo y el hogar.

Eliminar los obstáculos legales, marcos regulatorios y medidas discriminatorias injustos debe ser una prioridad hasta que las mujeres puedan trabajar en los mismos sectores que los hombres, con las mismas condiciones y por el mismo salario. 

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