Derechos

Un laboratorio de política pública para las personas con discapacidad

El Programa Iberoamericano por los Derechos de las Personas con Discapacidad (PID) es la única experiencia de Cooperación Sur-Sur en este ámbito y ya suma 12 países que trabajan para una recuperación con inclusión. Su secretaria técnica, Natalia Guala Beathyate explica los logros y desafíos en entrevista con el Portal Somos Iberoamérica.

Noventa millones de personas, el 15% de la población en Iberoamérica vive con algún tipo de discapacidad y tienen que afrontar cada día limitaciones de accesibilidad y discriminación en derechos tan básicos como educación, empleo, sanidad, acceso a la justicia o participación social. Una de cada cinco familias en Iberoamérica tiene a una persona con discapacidad entre sus miembros, lo que supone un enorme desafío en cuanto a cuidados y condiciones de vida.

Ante esta realidad que pone a prueba la promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, se aprobó en la XXVI Cumbre Iberoamericana (Guatemala, 2018) el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PID), la primera iniciativa regional de cooperación en este ámbito, que hoy forma parte del Sistema de Cooperación Iberoamericana y cuenta con el apoyo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

El PID sigue sumando nuevos miembros a los siete países fundadores. A pesar de los tiempos convulsos, la crisis económica y las limitaciones presupuestarias, hoy 12 países iberoamericanos apuestan por trabajar conjunta y coordinadamente en áreas como inclusión educativa y laboral, acceso a la justicia, sistemas de salud pública, protección social o empoderamiento de organizaciones de las personas con discapacidad.

Esta promesa de inclusión de las personas con discapacidad también se hace realidad de puertas para adentro en la propia administración del programa. Su secretaria técnica Natalia Guala Beathyate ha dedicado más de 20 años de su vida y carrera profesional a mejorar el día a día de las personas con discapacidad desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que se encarga de la gestión técnica del programa.

En entrevista con el Portal Somos Iberoamérica, Natalia Guala Beathyate comparte avances, logros y desafíos de este programa, así como datos que nos permiten entender la situación de un colectivo del que ella misma forma parte y que está trabajando activamente para el cumplimiento de sus derechos.

– ¿Por qué un programa iberoamericano por los derechos de las personas con discapacidad?

“Iberoamérica cuenta con marcos legales para la protección de los derechos de las personas con discapacidad que están armonizados con los principales instrumentos internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, cuando vamos al día a día de los más de 90 millones de personas con discapacidad en nuestra región, vemos que aún persisten desafíos en la implementación práctica en temas como educación, acceso al mercado de trabajo, condiciones de accesibilidad, entre otros. Esto limita el ejercicio práctico de nuestros derechos, aunque estén legalmente reconocidos”.

– ¿Qué valor añadido ofrece el PID frente a otros espacios en materia de discapacidad?

“A nivel mundial, el PID es la primera experiencia de Cooperación Sur-Sur en el ámbito de la discapacidad y a la vez un laboratorio de política pública para avanzar en cumplimiento de nuestros derechos.  Y es muy importante decir que esto lo hacemos poniendo en práctica los valores y metodologías de la cooperación iberoamericana: horizontalidad, flexibilidad, participación y trabajo en red.Hemos consolidado un espacio trabajo multilateral en el que compartimos experiencias tanto de lo que ha funcionado como lo que no. Eso nos permite conocer, replicar y escalar las experiencias exitosas y aprender de lo que no ha funcionado en otros países.

Este espacio de trabajo se articula con diferentes ámbitos de las administraciones públicas en los países, pero también en alianzas con otros programas de cooperación iberoamericana como el Programa de Adultos Mayores con el que trabajamos temas de salud mental, el Programa Iberoamericano de Alfabetización a lo Largo de la Vida (PIALV) con el que reforzamos el área de educación de jóvenes y adultos con discapacidad y con el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ) desarrollamos formación a operadores jurídicos en materia de discapacidad, por mencionar algunos ejemplos.

En casi cuatro años de vida, el programa genera cada vez más interés en la región. Frente a los primeros 7 países que iniciaron en 2019, hoy participan 12 países: Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

– ¿Este interés de más países puede significar un “momentum” de voluntad política para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad?

“Claramente hay un interés en nuestra región por avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas en el marco de la Agenda 2030. La discapacidad es hoy un tema transversal más allá del signo político. En Iberoamérica hemos visto que, a pesar de los cambios de gobierno a lo largo de los últimos años, no solo se ha mantenido la participación en el programa, sino que se han seguido sumando países. A futuro, esperamos alcanzar a la Comunidad Iberoamericana en su conjunto. 

A pesar de los cambios de signo político a lo largo de estos años, la participación de los países en el Programa de Discapacidad ha aumentado. A futuro esperamos contar con todos los países de la región.

– Pese a la voluntad política los derechos aún no se cumplen. ¿Por qué?

“Hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad es un camino largo, pero existe la convicción no solamente de que es necesario, sino también de que es posible. 

En nuestra región se han dado pasos importantes en la implementación de políticas públicas, pero persisten importantes brechas. Por ejemplo, el 15% de la niñez con discapacidad no accede a la educación, el 50% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no trabajan ni buscan empleo. Tenemos también mucho trabajo pendiente en el ámbito de la accesibilidad tanto desde el punto de vista físico como un punto de vista de la comunicación y por supuesto, desde el punto de vista de las actitudes, de la construcción social alrededor de la discapacidad. También hay un trabajo pendiente respecto a información estadística fiable sobre las personas con discapacidad para que las diferentes administraciones puedan usarla eficientemente.”

Estos desafíos van en línea con los seis ámbitos de actuación del Programa Iberoamericano de Discapacidad: recopilación y gestión de datos; acceso a la justicia y reconocimiento igualitario ante la ley; acceso y mejora de la educación en un sistema educativo inclusivo; derechos laborales y sindicales a nivel público y privado; participación de las personas con discapacidad y acceso al sistema de salud. Son áreas de trabajo que a su vez se alinean con más de la mitad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (fin de la pobreza, salud, educación, igualdad de género, trabajo decente, reducción de las desigualdades, paz e instituciones sólidas y alianzas para el desarrollo).

– ¿Cómo ha impactado la crisis COVID la vida de las personas con discapacidad?

“En el momento de crisis las personas con discapacidad fueron las primeras en perder sus empleos, las primeras en quedarse fuera de las posibilidades de la educación a distancia, las últimas en recibir atención sanitaria durante la peor parte de la de la crisis de la COVID. Esto evidenció que a pesar de que habíamos avanzado en inclusión y derechos, estos avances no están completamente consolidados.

La dureza de la crisis nos ha llevado a entender que la recuperación debe hacerse con una perspectiva mucho más inclusiva, mucho más justa para asegurarnos que ante una nueva crisis o ante un nuevo golpe, no volvamos a quedar atrás.

La recuperación de la crisis debe ser más inclusiva y justa, tomando en cuenta a las personas con discapacidad

Con esta visión, el programa ha participado en los diferentes diálogos sectoriales que los países miembros han puesto en marcha para que nuestra voz y perspectiva sea incorporada en los diferentes planes de recuperación y reconstrucción post pandemia.

Queremos que la discapacidad sea transversal a las políticas públicas generalistas, independientemente de que también se trabajen en políticas específicas. Necesitamos que las diferentes áreas de los gobiernos incluyan un enfoque de discapacidad en sus políticas y acciones. Así en un futuro puede ser que ya no tengamos que hacer políticas diferenciadas”.

Al final de un diálogo que invita a mirar al futuro, le preguntamos a Natalia Guala Beathyate ¿por qué los derechos de las personas con discapacidad son importantes también para la sociedad en su conjunto?

“Las personas con discapacidad tenemos un potencial inmenso que ofrecer para construir sociedades diversas y plurales, en las que lo diferente no se perciba como ‘algo que reparar’, sino como un potencial, un talento, unas experiencias y unas ideas que tienen mucho que aportar.

Esa es precisamente la Iberoamérica con la que sueña Natalia junto a los más de 90 millones de personas con discapacidad y sus familias, tal y como ella misma afirma en este video-mensaje.

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