Cuando las mujeres pueden desarrollar todo su potencial y hacer realidad sus derechos, las economías crecen, los países progresan y las sociedades cierran las brechas que excluyen. En Iberoamérica entendemos que el desarrollo sostenible que construimos con la cooperación solo será posible apostando por una igualdad de género efectiva, que se traduzca en derechos cumplidos, impulse el liderazgo de las mujeres y acabe definitivamente con toda forma de violencia contra ellas.
Esta apuesta de la región se materializa en decisiones y acciones: 89 compromisos y mandatos de las Cumbres Iberoamericanas en los últimos 8 años en materia de igualdad de género hablan de una voluntad firme y constante de los 22 países expresada al más alto nivel político, el de las Jefas y Jefes de Estado.
Alianzas con organismos multilaterales como ONU Mujeres han propiciado la derogación o modificación de leyes arcaicas que limitan el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres en países como Ecuador o Costa Rica, a partir de propuestas de reformas legislativas y un diagnóstico de las leyes vigentes en los 22 países de nuestra región.
Asimismo, el enfoque de género está presente en toda la acción del Sistema Iberoamericano. Los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) de la Cooperación Iberoamericana que incorporan criterios de género en todo su ciclo de gestión han pasado de cuatro en el año 2019 a un total de 15 en 2022. Así mismo se han elaborado recomendaciones y guías para incorporar la perspectiva de género en las convocatorias de ayuda, formación e investigación de toda nuestra cooperación, así como de todos los organismos iberoamericanos.
El enfoque de género está presente en toda la acción de los organismos iberoamericanos y en los programas e iniciativas de cooperación regional
Más de 15.000 profesionales han recibido formación en igualdad de género a través cursos en línea y formaciones específicas a los organismos iberoamericanos y programas de cooperación.
“Introducir la perspectiva de género en nuestra cooperación nos permite crear proyectos más eficientes y condiciones de cambio para avanzar hacia una igualdad de género efectiva”, explica Florencia Aleix, responsable de cooperación de Andorra.
Sin embargo, a pesar de los avances legislativos y la promoción de una cooperación feminista en buena parte de nuestros países, la discriminación y violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural y se ha acentuado por los efectos desproporcionados de la pandemia sobre las mujeres en aspectos como empleo, protección social, trabajo doméstico, responsabilidad en los cuidados, violencia y feminicidio. Hay mucho trabajo por hacer en diferentes frentes.
Leyes y empoderamiento económico
El empoderamiento y autonomía económica de las mujeres es un derecho básico, que a su vez contribuye a la igualdad de género, a erradicar pobreza, impulsa el crecimiento económico y una recuperación que permita sumar todo el aporte de las mujeres.
Sin embargo, para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos económicos, se necesita reformar o eliminar leyes discriminatorias vigentes en todos los países de la región en temas como igualdad salarial, libre elección de empleo, reconocimiento y distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, licencias y descansos de maternidad y paternidad, cobertura de pensiones, entre otros.
Por esto, la SEGIB, junto a ONU Mujeres impulsa desde 2018 la iniciativa ”Legislación en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres” que analiza las leyes vigentes en cada uno de los 22 países de Iberoamérica para identificar avances y retos pendientes, así como proponer una agenda legislativa específica para cada país que derogue leyes discriminatorias y adopte nuevos marcos normativos.
A través de un diálogo constante con legisladoras, representantes públicas, expertas y activistas, se está concienciando sobre la urgencia de avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres. En este sentido, se han organizado acciones de sensibilización e incidencia, tanto a nivel nacional en Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú, como internacional.
Este trabajo de incidencia está produciendo avances concretos en varios países. En 2020, México ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajo doméstico. Ecuador, ratificó en 2021 el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso laboral, mientras que Costa Rica introdujo en 2022 disposiciones legales para eliminar las restricciones en la libertad de elección de empleo entre las mujeres. Además, desde 2019, al menos 4 países iberoamericanos (Colombia, España, Panamá y Uruguay) han introducido reformas para ampliar y mejorar la protección de la licencia por paternidad, entre otros ejemplos.
La promoción de una agenda legislativa por el empoderamiento económico de las mujeres ha propiciado cambios legales en países como México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Panamá, Uruguay y España
Para monitorizar individualmente los avances normativos en los derechos económicos de las mujeres en los 22 países iberoamericanos, la SEGIB presentará en noviembre la Plataforma Virtual de Legislación en materia de Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres en Iberoamérica, avanza Marta Carballo, responsable del área de género de la Secretaría General Iberoamericana.
Violencia contra las mujeres
De tal magnitud es la violencia contra las mujeres que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera un problema global de salud pública de proporciones pandémicas. Cerca de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual a manos de su pareja o violencia sexual a manos de terceros en algún momento de sus vidas, según cifras de ONU Mujeres.
En América Latina, un 12% de mujeres, aproximadamente 19,2 millones, fueron víctimas de violencia física o sexual a manos de su compañero íntimo actual o anterior, cifras que se intensificaron con el confinamiento derivado de la pandemia. La violencia doméstica contra las mujeres ha llegado incluso a duplicarse en algunos países de nuestra región.
Para ayudar a cambiar esta realidad, la Iniciativa Iberoamericana para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, aprobada en 2021 en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, inició el pasado marzo con el trabajo conjunto de 10 países: Andorra, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, España, México, Panamá, República Dominicana, país que la preside y Uruguay, que alberga su Unidad Técnica; y 4 países invitados: Ecuador, El Salvador, Portugal y Perú.
“Esta iniciativa es la primera plataforma permanente de cooperación iberoamericana en materia de prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y trabajaremos para convertirla en un referente regional e internacional”, explica la responsable del área de género de la SEGIB, Marta Carballo.
La Iniciativa Iberoamericana para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, en la que participan 10 países, es la primera plataforma permanente de cooperación regional en este ámbito
Este próximo mes de noviembre, en el marco de su plan operativo anual, en marcha desde principio de 2022, los países miembros celebrarán su primer Consejo Intergubernamental presencial en Uruguay para planificar las acciones del próximo período e intercambiar lecciones aprendidas respecto a la intervención con hombres para prevenir la violencia contra las mujeres, avanza Carballo.
La Iniciativa impulsará el desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas y leyes integrales para la erradicación de la violencia contra las mujeres; fortalecerá el alcance de los planes de prevención de la violencia contra las mujeres y ayudará a mejorar la atención, protección y reparación integral de las supervivientes.
Liderazgo y participación
Aumentar la participación política, económica y social de las mujeres es otra de las áreas de acción de la cooperación iberoamericana en género. En este ámbito y en el marco de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, la SEGIB apoya la puesta en marcha de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, que promoverá la participación efectiva de las mujeres en la prevención y mediación de conflictos, a la vez que se atiende sus necesidades específicas en los procesos de construcción de paz.
Por otra parte, la Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, organizada anualmente por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), que es un proyecto adscrito de la cooperación iberoamericana, promueve una agenda de igualdad de género desde los territorios y ciudades. Este año, la Cumbre, que tuvo lugar del 18 al 21 de octubre, se centró en “Consolidar una gobernanza local hacia la igualdad sustantiva en un contexto de crisis y postcrisis”.
En ese trabajo en pro de los derechos de las mujeres, la SEGIB también forma parte del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres en las Américas y ha participado en la elaboración de análisis y estudios regionales respecto a las consecuencias de la pandemia sobre las mujeres en diferentes ámbitos.
En definitiva, hay avances, que se refuerzan además cuando se trabaja en red, pero la igualdad de género seguirá siendo una de las áreas prioritarias de la cooperación iberoamericana en el cuatrienio 2023-2026, entendiendo que “afianzar la Comunidad Iberoamericana” también significa actuar y cooperar para que las mujeres –que representan más de la mitad de la población iberoamericana—puedan trabajar, estudiar, liderar y aportar todo su potencial en la recuperación. Así lo entienden y expresan las responsables de Cooperación de Iberoamérica en este video.
