Somos futuro

Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (México)

¿Por qué nace esta coalición?

En México, sin ser un país pobre, la mayoría de la población vive en situación de pobreza, vulnerabilidad, bajos ingresos y carencias sociales. Esta coalición de la sociedad civil en todo el país surge para lograr mejores resultados frente a la pobreza y la desigualdad, incidiendo en la toma de decisiones. Nacimos en 2015 como una red de organizaciones que llevaban décadas trabajando de forma directa con distintos colectivos. Hacemos campañas basadas en informes y pedimos medidas concretas, siempre trabajando con organizaciones nacionales, locales e internacionales.

¿Qué funciona en la lucha contra la pobreza y qué no?

Se necesita una estrategia de Estado para que las autoridades y la sociedad puedan colaborar. Para establecer objetivos y que las políticas se basen en evidencias. Todo con enfoque de derechos, como marca la Constitución y los tratados internacionales. De esto hay poco en México. Frente a la pobreza, se habla mucho y se hace poco.

Hay que hacer dos grandes transformaciones: articular política económica y política social, y asumir el enfoque de derechos. Es urgente la subida del salario mínimo y priorizar el desarrollo infantil temprano. También mejorar la calidad de educación secundaria. Proponemos crear un padrón único de beneficiarios que permita asignar subsidios de forma objetiva y transparente. No funciona el divorcio entre política económica y social ni una política de financiamiento que excluye a los pequeños productores.

En Iberoamérica ha habido logros frente a la pobreza y el hambre, pero también retrocesos. ¿Cuál es la razón?

En México ha habido subidas y bajadas, pero la mayoría del país vive en situación de vulnerabilidad. La tragedia de nuestra gente es que puede trabajar mucho y aún así no ganar lo suficiente para adquirir lo más básico. Según datos oficiales, el 41% de los trabajadores no tienen un ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria. No hablamos de escasez de recursos. Si ves el PIB per cápita, México es una economía media, no refleja la gravedad de la situación. Pero, debido a factores estructurales, hay mucha riqueza concentrada: el 1% recibe lo mismo que el 60% más pobre.

¿Se logrará reducir la extrema pobreza en Iberoamérica?

Se debería conseguir. La extrema pobreza, no tener ni para comer, no debería ser una realidad en la región. Se requiere una voluntad política para romper inercias. La situación ha evolucionado positivamente en Uruguay, Brasil, Chile, incluso en Perú. En México estamos en un círculo vicioso de discrecionalidad, clientelismo político, ignorar la evidencia y negar la voz a los pobres. Con todo, hay buenas posibilidades de avance en los próximos años. Percibimos un ánimo de cambio, y en eso trabajamos.

Aunque Argentina es un productor de alimentos a nivel mundial, el 90% de sus semillas son importadas de países como Holanda. La propuesta de Semillas Poderosas plantea desarrollar “un sistema de peletizado ecológico para aumentar enormemente la germinación y viabilidad de las semillas de los productores locales”. El equipo acompaña a los participantes en la fabricación de una máquina de peletizado de semillas. Este sistema, que aprenden a realizar los agricultores, protege a las semillas de insectos y hongos e implementa microbiología para una preparación del suelo más eficiente y sostenible.

Para hacer la propuesta aún más inclusiva, Semillas Poderosas ha optado por el conocimiento de código libre. Como alternativa a las patentes de las semillas híbridas, crean herramientas y comparten lo aprendido con otras organizaciones ecologistas y granjeros, facilitando que surjan experiencias similares. Además, cuentan con institutos científicos y universidades para enriquecer la experiencia y auditar sus progresos. En definitiva, se trata de una apuesta por la agricultura ecológica, adaptada a la realidad local y a las nuevas tecnologías.

Contra la malaria

Bolivia está dispuesta a seguir los pasos de Cuba y Paraguay y declararse país libre de malaria. En 2000, se registraron más de 30.000 casos de esta enfermedad, cifra que se redujo a 6.800 en 2017. Hoy, el 98% de los casos de malaria se localizan en la región amazónica. Hasta ahí, el gobierno boliviano, en alianza con el PNUD y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, han movilizado a sus equipos sanitarios móviles para garantizar que el tratamiento llegue a lugares recónditos del país.

La combinación de medidas preventivas, como el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, distribución de mosquiteros o el rociado en áreas donde existen brotes endémicos ha producido un impacto significativo: Bolivia ha logrado eliminar uno de los tipos más peligrosos y potencialmente mortales de la enfermedad, la malaria por P. falciparum. El programa apuesta además por la educación en salud y por capacitar a las comunidades en la gestión de los casos de malaria.

Bolivia, a su vez, ha sido parte del proyecto global GLOSS, liderado por la OMS, que busca acelerar la reducción de muertes prevenibles causadas por sepsis, una de las primeras causas de mortalidad materna y neonatal. Sus herramientas clave: la investigación, la colaboración, la innovación y la abogacía. Doce países de la región iberoamericana, como España, Brasil, Colombia, Guatemala o Perú, han participado en este proyecto.

Yo sí puedo

Cuba, 1959. En la isla, uno de cada cuatro cubanos no sabía leer y escribir. En tan solo dos años, la pedagoga Leonela Relys, junto a cerca de 270.000 alfabetizadores —ciudadanos voluntarios y maestros— contribuyó a que la isla fuera el primer país de la región declarado libre de analfabetismo en América Latina, como reconoció la Unesco un año más tarde.

40 años después, el programa cubano se externalizó, bajo el nombre ‘Yo, sí puedo’, para erradicar el analfabetismo en el mundo. Hoy, casi 10 millones de personas de más de 30 países, como Colombia, España, Venezuela, México, Brasil o Bolivia han aprendido a leer con este programa del gobierno cubano, que está preparado para adaptarse a diferentes lenguas como el quechua, aymara o el swahili, o el inglés y el francés.

El método es tan sencillo como eficaz: el material lectivo consta de una cartilla de cinco páginas, un manual y 17 vídeos. Y, pese su larga historia, sigue actualizado y en activo en diferentes puntos de la región, como en los centros penitenciarios de Rosario, en Argentina.

Las mujeres de Iberoamérica quieren reescribir un futuro sin violencias ni desigualdades de género. Desde Brasil y Argentina, un grupo de mujeres han creado Ocupa Beauvoir, una plataforma web para reducir la brecha de género en el mercado editorial y convertir las calles en una biblioteca de autoras accesible a todo el mundo que tenga un teléfono móvil.

Mediante retratos de escritoras, la iniciativa invita a descubrir las obras de mujeres como Marianela Luna o Maia Morosano. En cada póster aparece un código QR que permite que en la pantalla del teléfono móvil aparezcan fragmentos de textos, audios y otros contenidos, incluyendo el propio póster. Con este proyecto, el colectivo Ocupa Beauvoir intenta evidenciar la infrarrepresentación de las mujeres en el mundo de las grandes editoriales, donde, según denuncian, cerca del 70% de los libros publicados están firmados por hombres.

Este proyecto convive con propuestas a nivel institucional que buscan que América Latina y El Caribe deje de ser la región más peligrosa del mundo para las mujeres. A la reivindicación de los movimientos sociales de ‘Ni una menos’ se suma una nueva iniciativa de la ONU y la Unión Europea: Spotlight, que ya funciona en otras regiones como Asia y África, y que en la región aterriza inicialmente en cinco países.

El agua es una trágica paradoja en América Latina y el Caribe. Pese a ser la región con más oferta hídrica del mundo por habitante, más de 50 millones de personas no tienen acceso al agua y cerca de 200 millones reciben un servicio discontinuo. La situación de Guatemala es una de las más preocupantes: “En el 98% de los casos la calidad de agua no cumple con la norma del propio Estado guatemalteco”, explica el director de programa de Helvetas, Jan van Montfort. Esta organización, que lleva 15 años en el país, pone el acento en empoderar a las comunidades para subsanar las deficiencias de agua y saneamiento.

Con la ayuda de aliados como UNICEF, Helvetas está implementando la metodología Saneamiento Total Liderado por la Comunidad (SANTOLIC): cada comunidad decide si quiere adoptarlo, y son su líderes los que promueven que se generen cambios en los hábitos de saneamiento e higiene. Se motiva a las comunidades a cambiar sus comportamientos para eliminar la defecación al aire libre, resolver los problemas de saneamiento o mejorar la calidad del agua.

“El buen manejo del saneamiento contribuye a reducir en un 33% los problemas de desnutrición crónica y de las enfermedades derivadas del agua de mala calidad —explica Jan van Montfort—. Por eso, apostamos por proyectos que fortalezcan la gobernanza y empoderen a las comunidades para que sean ellas quienes gestionen los sistemas de agua y saneamiento y, por tanto, protejan su entorno”.

Gracias a esta iniciativa, 6 comunidades han erradicado la defecación al aire libre y se han realizado importantes avances en varios de los 93 municipios de cobertura. “En muchas ocasiones, es la propia comunidad, sin necesidad de esperar al Estado, la que construye de manera autónoma nuevas infraestructuras”.

Ramón Méndez, doctor en Ciencias Físicas y ex Director Nacional de Energía en Uruguay.

¿Qué se puede hacer para garantizar el acceso universal a la electricidad?

La falta de acceso está asociado a la pobreza. Aún tenemos 40 millones de personas sin electricidad. Pero no se puede abordar este asunto sin atender el cambio climático, la sostenibilidad de la matriz energética o los subsidios a las energías fósiles. Querer resolver este problema recurriendo a combustibles fósiles es imposible desde el punto de vista ambiental o económico.

Podemos hacer la transición energética hacia las renovables. Es más rentable. La experiencia uruguaya ha servido para asesorar a una decena de países. En Uruguay, entre el 95 y 100% de nuestra electricidad viene de fuentes renovables y ha supuesto un impacto positivo en nuestra economía: se han creado 50.000 puestos de trabajo, en un país de 3 millones de habitantes, y ha permitido inversiones de 6.000 millones de dólares, cuando nuestro PIB es de solo 55.000 millones.

¿Cómo se puede reducir la dependencia actual de los combustibles fósiles?

Somos la región del mundo con mayor porcentaje de energías renovables. Pero en temas de movilidad estamos atrasados. Hay que implementar políticas a largo plazo y consensuadas con todas las fuerzas parlamentarias, y un marco regulatorio claro, que dé igualdad de condiciones para que las renovables compitan con los energéticos tradicionales. Además, se deben eliminar los subsidios para los fósiles, entre 325.000 y 500.000 millones de dólares al año.

Con las renovables, el costo del combustible es cero y el mantenimiento es muy bajo, y el costo es recuperar la inversión inicial. Es un negocio financiero, pero hay que generar las condiciones adecuadas para que el inversor perciba muy bajo riesgo.

¿Cuáles son los principales beneficios de apostar por la transición energética?

Hoy, las energías renovables en América Latina son más baratas que las tradicionales. Esta transición supondría independizarse de commodities cuyo precio no podemos controlar y que manejan solo unos pocos países productores. Significaría, además, apropiarse de nuestros recursos nacionales, agregándole conocimiento y tecnología, y aumentar la soberanía energética de la región. Es una forma de avanzar hacia el acceso energético de poblaciones más alejadas y pobres, y de generar puestos de trabajo, crecimiento económico y mejorar nuestras capacidades industriales. Pero, sobre todo, estaremos reduciendo fuertemente el impacto ambiental y climático.

¿Cómo se tienen que afrontar los desafíos sociales y ambientales que presentan algunas ramas de la energía renovable?

La ocupación del territorio está colocando a los territorios en mayores aprietos, pero por suerte cada vez hay más grupos preocupados por esos impactos negativos. El impacto de las energías tiene que estar incluido dentro de las políticas. El de una gran hidráulica es indudable; no tanto el de la eólica o la fotovoltaica. La biomasa es la que tiene más ventajas en este sentido.

¿Cuál es la situación en España, Portugal y Andorra?

Hay diferencias importantes. España y Portugal empezaron un camino muy decidido hace un par de décadas. Hemos aprendido mucho de sus experiencias, en especial sobre la dificultad que existió en garantizar la continuidad de las políticas públicas a largo plazo, por falta de consenso. Si algo buscan los inversores es claridad. América Latina está intentando generar esa confianza basada en acuerdos multipartidarios. Es un camino inevitable para que los inversores estén satisfechos con bajas tasas de retorno.

¿Cómo se puede contribuir a nivel individual a reducir el impacto climático y ambiental?

Lo más importante es generar un cambio cultural. Si la gente se involucra, los gobiernos no tienen más remedio que involucrarse para ganar elecciones. Además, tenemos que entender nuestra forma de consumo. Cuando compro zapatos, consumo energía. Cuando compro un par de lentes, también. La transformación energética pasa por replantearse el modo de consumo.

En Honduras y en Guatemala viven más de 7 millones de indígenas. Sin embargo, y pese a que sus medios de subsistencia dependen en gran medida de los recursos naturales —incluyendo bosques y tierras arables—, muchos de ellos no tienen garantizado que con el tiempo siga siendo así. El reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas sigue siendo un tema controvertido y que impacta en su bienestar y futuro.

Reforzar el derecho a la tierra y a los recursos naturales de las comunidades indígenas y su gobernanza era el objetivo de este proyecto, que contó con apoyo de la FAO y el Banco Mundial. Las comunidades consiguieron que el presidente de Honduras reconociera en 2016 la propiedad de más de un millón de hectáreas de tierras comunitarias a 17.500 familias indígenas de la región de Mosquitia.

Una réplica de este proyecto, a través de la Fase II del Proyecto de Administración de Tierras (PAT II), ha llegado a otros países de la región, como Nicaragua o Guatemala, donde se registraron más de 1.444 casos de conflictos relacionados a la tenencia de la tierra en 2017, según fuentes oficiales.

Alberto Majó Piñeyrúa, secretario general del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

¿Qué es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología de Desarrollo?

CYTED es el programa creado por los gobiernos de los países iberoamericanos para promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico. Es una gran red de redes que ha ido creciendo y ha movilizado a 23.000 investigadores y casi 900 empresas en los últimos 12 años. En este momento, tiene 5.000 investigadores y más de 180 empresas en redes y proyectos vigentes. Eso es un capital intangible importante.

¿Cuál es la situación en Iberoamérica en cuanto a infraestructuras?

Estamos trabajando junto con la Unión Europea para mapear las grandes infraestructuras de la región, pero, de momento, no hay un diagnóstico preciso. Sin embargo, es innegable que tenemos infraestructuras y grupos de investigación de excelencia y referentes a nivel mundial en salud, agricultura, donde tenemos una fuerte tradición, biotecnología o energías renovables. Eso teniendo en cuenta que América Latina supone un 4% de todo lo que se invierte en I+D.

¿Qué desafíos encontramos en innovación?

El primero es entender que hay que aumentar las inversiones. El gran potencial de América Latina es que tiene entornos ecológicos, geográficos y ambientales muy interesantes; si lograra tener condiciones de infraestructuras, sería un gran imán de talento. Iberoamérica tiene que plantearse objetivos ambiciosos para atraer talento y aumentar sus inversiones en infraestructura. Pero, salvo Brasil con el 1,2%, no hay ningún país latinoamericano que sobrepase el 1% de inversiones con relación al PIB. España y Portugal se acercan al 2%, lo que aún queda lejos de los países más desarrollados.

La excelencia convive con grandes desigualdades en la región, ¿cómo afrontar esta realidad?

Tenemos una región tremendamente heterogénea. En un mismo país, una parte de la población tiene condiciones del primer mundo y otra está fuera de la economía. Existen, por tanto, muchos desafíos. Pero Iberoamérica tiene la ventaja de tener esa matriz de idioma y cultural común, y las experiencias diversas contribuyen a encontrar soluciones.

¿Se puede aunar sostenibilidad e industrialización?

Sin duda, pero con mayor aplicación de conocimiento. Hoy no se concibe ningún desarrollo industrial que no esté asociado con sistemas energéticos más eficientes y basados en energías renovables. En esta área ha habido un avance exponencial en conocimiento, también en competitividad. Las inversiones en energías renovables pueden competir perfectamente con el petróleo y la industria fósil.

No hay una contradicción entre sostenibilidad y desarrollo, porque el conocimiento y la economía se están asociando cada vez más en busca de soluciones sostenibles. Erradicar la pobreza, la innovación, la competitividad... todo debe converger hacia la sostenibilidad. No veo contradicciones sino enormes oportunidades de futuro..

FILAC, América Latina y el Caribe

Mirna Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).

¿A quién afecta más la desigualdad?.

Las caras visibles son los pueblos indígenas, que representan el 15% de la población total de América Latina, las comunidades afrodescendientes y, por último, la población desplazada, forzada por distintos factores socioeconómicos, y que se concentra sobre todo en las grandes ciudades.

¿Cómo se materializa esa desigualdad en el día a día.

Se manifiesta por la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación, agua o saneamiento. Los pueblos indígenas y las comunidades afro están atravesados, además de por factores de desigualdad económica, por la desigualdad estructural, producto de la historia de colonización. Hoy, por ejemplo, encontramos desigualdades en el acceso a la seguridad jurídica de nuestros territorios ancestrales y el control sobre los recursos naturales. Hay una intersección entre derechos humanos básicos y derechos históricos y colectivos de los pueblos indígenas y afro.

-Dentro de la Agenda 2030, ¿qué medidas políticas, sociales, y económicas se deberían adoptar?.

Nosotros vemos los ODS de manera integral. ¿Cómo reducimos la desigualdad si no reconocemos la institucionalidad ancestral de los pueblos indígenas o sus formas de gobernanza? ¿Cómo lo hacemos si, además, no tenemos acceso a la justicia? Una de las primeras medidas pasa por adoptar políticas públicas que atiendan a la transversalización de los ODS. En el caso de los pueblos indígenas, un elemento central debe ser la desagregación étnica por datos, estadísticas e indicadores con pertinencia cultural que respondan a las realidades de cada uno de los sectores afectados por la desigualdad. Es fundamental para monitorear la implementación de los ODS.

Otro aspecto central es el género: las mujeres son la cara más dura de la desigualdad. El género debe ser transversal en la agenda y debe contar con recursos específicos..

¿Cree que los pueblos indígenas se sienten representados en la toma de decisiones?.

En los últimos años, la región ha avanzado algo en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, pero no tanto en garantizar la participación real. Pese a que se han establecido mecanismos de participación como mesas de negociación o de concertación entre pueblos indígenas y Estado, hay una enorme brecha entre la teoría y la práctica. Además, en los últimos años hemos sufrido una restricción en los espacios de participación, a consecuencia del modelo económico vigente y extractivista. Ante esto, hemos tenido que apelar al derecho de consulta previa para que los Estados tengan en cuenta el deseo de los pueblos indígenas sobres sus territorios antes de que se tomen decisiones. Ha habido una criminalización de la protesta indígena.

La mejor ayuda llega a veces de gente que se encuentra muy cerca. Civics nació para descubrir a esas personas con grandes ideas y crear una red de apoyo ciudadana. Los participantes usan esta herramienta digital para dejar constancia en el mapa de que tienen un proyecto interesante o, incluso mejor, que están disponibles para ayudar a otros a llevar a cabo los suyos. Este mapeo voluntario de iniciativas ciudadanas pretende crear ciudades más habitables, sostenibles, inclusivas y participativas.

La iniciativa se ha extendido por Iberoamérica, convirtiéndose en un lugar de encuentro para generar impacto social desde abajo y de forma comunitaria. Desde pedir calles más limpias a la demanda de servicios básicos, cualquier usuario puede dejar constancia en el mapa de aquello que reivindica, con enlaces a webs e información valiosa. Vecinas y vecinos tienen una vía más para contribuir al bienestar social y expresar su voz para encontrar soluciones.

En América Latina y el Caribe, cerca de un tercio de la comida que compra cada habitante acaba en la basura. Pero la cadena de desperdicios no cesa ahí. En la región se pierden anualmente 127 millones de toneladas de alimentos, el 34% de todo lo producido.

La producción y el consumo excesivo contrastan con las cifras del hambre: al menos 42 millones de personas sufren subalimentación aguda. Con el objetivo de reducir el derroche de comida, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha lanzado la plataforma #SinDesperdicio. Esta nueva herramienta aglutina la participación de gobiernos, sociedad civil y 6 empresas privadas para optimizar la producción y consumo con el fin de erradicar las prácticas irresponsables e ineficientes en todas las fases de la cadena alimenticias: desde la producción agrícola hasta la gestión de los productos en los grandes supermercados.

La plataforma impulsará cuatro ejes de acción: proyectos innovadores, generación de conocimiento, hábitos de consumo responsable y la promoción de políticas públicas, como la adopción de estándares de etiquetado, normativas e incentivos para las donaciones de alimentos.

La deforestación es una gran aliada del cambio climático. La pérdida de bosques y selvas es una de las fuentes más importantes de emisiones de CO2, el principal gas de efecto invernadero que contribuye al aumento de las temperaturas. Una señal de alerta es que la deforestación en Colombia aumentó en un 23 % entre 2016 y 2017, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Distintas iniciativas buscan revertir la situación, como la Gran Alianza contra la deforestación.

A través de productos informativos especiales, este proyecto reúne a la revista Semana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo colombiano y el gobierno de Noruega. Durante siete meses, el objetivo es unir fuerzas para concienciar sobre las consecuencias de la deforestación e implicar a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones para un problema que el país se compromete a resolver en los próximos 15 años. Esta y otras propuestas, como el Plan de Acción nacional Bosques, territorio de vida, y medidas o como el impuesto al carbono están en concordancia con la promesa que el país andino oficializó en la Cumbre de París en 2015. Colombia asegura que reducirá un 20% la emisión de gases de efecto invernadero para el 2030.

La adecuada protección de la vida submarina frente amenazas como la contaminación, la sobrepesca y otras prácticas no sostenibles es una de las asignaturas pendientes de América Latina. Con la intención de abordar estos desafíos, Perú y Ecuador han presentado la Iniciativa de Pesquerías Costeras (CFI) - América Latina. En los próximos 4 años, ambos países se han comprometido a fortalecer la gobernanza a fin de recuperar los recursos pesqueros, poner en valor la biodiversidad y generar empleos más sostenibles.

Ambos países comparten una gran biodiversidad debido a la zona de transición entre dos ecosistemas: la Corriente Humboldt y el Pacífico Tropical Centroamericano. En aquel mar tropical habitan tortugas marinas, ballenas jorobadas y extensos bosques de manglares. El proyecto pretende trabajar codo con codo con las comunidades locales de pesca artesanal para que participen en el proceso de toma decisiones y se conviertan en líderes de buenas prácticas. En línea con el espíritu de la Agenda 2030, el proyecto busca tener un impacto multisectorial, multinivel y multiactor. Es un esfuerzo conjunto del Ministerio del Ambiente de Perú y del Ministerio de Acuacultura y Pesca de Ecuador, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Brasil es uno de los país más megadiversos del mundo, con más de 163.000 especies conocidas. De ellas, 3.286 se consideran amenazadas, pero hay 290 que están en una situación más crítica y para las que no hay iniciativas de conservación. Ante esta preocupante situación, el Ministerio de Medio Ambiente va a asignar 13 millones de dólares a La Estrategia Nacional para la Conservación de Especies Amenazadas de Extinción (Proyecto GEF-Pró-Espécies) para reforzar la protección de todas las especies en peligro del país, priorizando a las 290 más vulnerables.

Como apunta WWF Brasil, la agencia ejecutora del programa, entre las principales causas de extinción se encuentran la degradación y fragmentación de ambientes naturales, la expansión urbana, la extracción ilegal, los incendios forestales, la formación de lagos para hidroeléctricas y la minería. Frente a estos desafíos, la principal estrategia del GEF-Pró-Espécies es apostar por la integración de esfuerzos de los gobiernos federal y estatales, la sociedad civil y las comunidades locales, bajo el lema Todos contra la extinción. Con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el proyecto actuará en al menos 12 áreas clave en 13 estados, abarcando un total de 9 millones de hectáreas. Está planeado que esté en funcionamiento hasta 2022.

Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO) es una iniciativa común de los países europeos y latinoamericanos que se materializó en 2017. Se trata de un proyecto de asistencia técnica entre la Unión Europea y América Latina, en el que se intercambian experiencias entre países miembros en los ámbitos policial, de justicia y penitenciario.

Sus objetivos son acompañar la evolución y especialización de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados de América Latina y fomentar la cooperación judicial y fiscal. También busca apoyar el desarrollo de sistemas penitenciarios más modernos, eficientes y respetuosos con los Derechos Humanos. En línea con el énfasis que el ODS 17 hace sobre la importancia de crear alianzas, el PAcCTO promueve la cooperación transfronteriza, regional e internacional para afrontar el crimen organizado. Las propuestas de acción de este organismo se enfocan en el cibercrimen, la corrupción o el lavado de activos.

Abarcando dos continentes y dos idiomas, la Conferencia Iberoamericana es un espacio común de concertación y de cooperación. Desde su creación en 1991, las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno intercambian experiencias y conocimiento entre los 22 países que forman la comunidad iberoamericana: aquellos en los que se habla castellano y portugués en América Latina y, al otro lado del Atlántico, España, Portugal y Andorra.

Gracias a sus distintos foros, en los que participan, entre otros, organizaciones de la sociedad civil, representantes de empresas y líderes políticos de todos los niveles de gestión, esta gran red de Estados consigue marcar líneas de acción comunes. La columna vertebral de la Conferencia Iberoamericana es la celebración bianual de la Cumbre Iberoamericana, una reunión de alto nivel que la Secretaría Pro Témpore, constituida por el país anfitrión correspondiente, coordina junto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

De esa voluntad de cooperación surgen logros como el Convenio Multilateral de Seguridad Social, Campus Iberoamérica o los Laboratorios Iberoamericanos de Innovación Ciudadana. Para reforzar lazos con la comunidad internacional, se cuenta con figuras como los Observadores Asociados (Estados) y se desarrolla la Agenda 2030, asumiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo ello permite abordar los retos compartidos y armonizar los niveles de bienestar en la comunidad iberoamericana.

La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de La Antigua Guatemala, Guatemala (15 y 16 de noviembre) va a servir para analizar los avances de la región en la consecución de los ODS y para reforzar el compromiso de todos los mandatarios iberoamericanos con la Agenda 2030.

Con el fin de visibilizar este esfuerzo, la SEGIB ha lanzado la campaña Los colores del cambio. La campaña tiene como objetivo mostrar lo que la ciudadanía y las instituciones de la región ya están haciendo para lograr una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible; y envía, además, el mensaje, de que Iberoamérica puede llevar el liderazgo en esta apuesta global por el futuro.